El problema de la ocupación ilegal de viviendas ocupa desde hace meses los titulares de los medios de comunicación. Ante esta situación, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aboga por aumentar el parque de vivienda pública y favorecer las medidas cautelares.
Ocupación ilegal de viviendas: Más VPO y medidas cautelares
En un comunicado, la Organización de Consumidores y Usuarios ha expresado sus propuestas para solucionar el problema de la ocupación ilegal de viviendas.
Para la OCU, estas ocupaciones ilegales “se atajarían” aumentando el mercado de vivienda pública en alquiler. También proponen favorecer las medidas cautelares para recuperar la posesión de la vivienda en caso de ocupación.
Según explican en el comunicado, las ocupaciones ilegales de viviendas “no son tan habituales como pudiera parecer”. En concreto, se han contabilizado alrededor de 8.000 en el año 2020.
Eso sí, su incidencia aumenta cada año “y no parece que vaya a disminuir justo ahora, coincidiendo con la crisis económica”, señalan.
Los propietarios han comenzado a contratar empresas de seguridad
Ante este problema, el número de propietarios que contratan los servicios de una empresa de seguridad para blindar su casa ha aumentado. La mayoría contratan a este tipo de empresas para vigilar sus segundas residencias.
La OCU cifra el precio de este servicio entre 35 y 75 euros al mes, según la compañía y también según las características de la vivienda. El servicio que prestan se enfoca en impedir el allanamiento mediante una detección temprana.
El objetivo es facilitar la intervención de las fuerzas de seguridad antes de que se consume la ocupación. Y es que, si la ocupación se consuma, las cosas se complican.
Qué hacer cuando ya te han ocupado la vivienda
En ese caso el propietario tiene que poner una denuncia cuanto antes y solicitar expresamente el desalojo como medida cautelar.
Es importante presentar con la denuncia el título de propiedad de la vivienda, documentos que prueben las cargas que soporta y un escrito en el que el propietario describa el uso que pretende darle, así como las circunstancias de la ocupación.
En estos momentos, el propietario se puede encontrar con una traba que puede alargar el proceso de recuperación del inmueble.
Y es que, como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, se han aprobado diversas medidas que pueden alargar el desahucio hasta el fin del estado de alarma.
La OCU alerta de la “escasa eficacia” de las actuales medidas legales
Según la organización, el creciente recurso a empresas especializadas de desocupación “demuestra la escasa eficacia de las actuales medidas legales y de su aplicación práctica en este ámbito”.
“Una señal evidente de que la ley no defiende al propietario legítimo con la rapidez y eficacia que debería”, aseguran.
Por ello, piden que las organizaciones públicas tomen medidas que atajen o, al menos, limiten las dificultades con las que se encuentra un propietario en estos casos.
En su opinión, esas medidas deberían ir enfocadas a aumentar la oferta de vivienda pública en alquiler.
Una opción “legal y accesible” para los grupos de población más desfavorecidos, que son los que más habitualmente protagonizan este tipo de ocupaciones.
Si eres propietario y te preocupa el problema de la ocupación ilegal de viviendas, en este enlace encontrarás los consejos de la OCU sobre cómo actuar y cómo no hacerlo en una situación así.
