Tras dos intentos, el Consejo de Ministros ha aprobado la nueva Ley de la Vivienda, un texto que ha generado mucha polémica y que ahora tiene que pasar al Congreso. La nueva ley incluye, entre otras cosas, la regularización de los precios del alquiler en zonas tensionadas.
Todas las claves de la nueva ley de vivienda aprobada por el Gobierno
El Consejo de Ministros ha aprobado remitir a las Cortes el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda . Desde su presentación el pasado 26 de octubre, el texto ha generado mucha polémica. Ahora el Gobierno quiere tramitarlo por el procedimiento de urgencia.
Según ha indicado el Ejecutivo en un comunicado, esta ley “supone un hito en la actual etapa democrática, ya que se trata de la primera norma que desarrolla el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada”.
Limitación del precio de alquiler
Una de las claves de la nueva ley, y también una de las partes más polémicas, es la referida a la limitación de los precios de los alquileres en España.
Según el texto aprobado por el Gobierno, las administraciones competentes podrán declarar por tiempo limitado zonas de mercado residencial tensionado. En esas zonas, se podrán regular los precios “y establecer medidas para impedir incrementos abusivos de la renta”.
El objetivo de esta medida es conseguir una bajada de precios, ya sea reduciendo el coste del alquiler o aumentando la oferta.
Además, en estas zonas, habrá incentivos fiscales para que sea más provechoso para los propietarios bajar los precios del alquiler.
Nueva Ley de la vivienda: Penalización a los pisos vacíos
Respecto a las viviendas vacías, la nueva ley contempla que los ayuntamientos puedan hacer un recargo de hasta el 150 por ciento en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que las grava.
En este sentido, el ejecutivo considera que es «poco ético que haya viviendas vacías cuando tantas personas necesitan una”, por lo que es necesario conseguir que entren en el mercado de alquiler o venta.
Se blinda el parque público de vivienda social
Otra de las medidas más destacadas es la relativa al parque público de vivienda social. A partir de la aprobación de la Ley, estará sometido a protección permanente para que no pueda ser enajenado.
También se impone una reserva obligatoria del 30 por ciento de cualquier promoción a vivienda protegida. Además, de ese 30 por ciento, el 15 por ciento tiene que ir destinado a alquiler social.
Con esta medida, el Gobierno pretende construir poco a poco un parque público de vivienda en consonancia con los países europeos.
Y es que en Francia, por ejemplo, hay siete veces más vivienda social que en España. En Países Bajos, su número se multiplica por doce respecto a nuestro país.
Mejora en la regulación de los desahucios
La ley también mejorará la regulación de los desahucios en situaciones de vulnerabilidad. A partir de ahora, los servicios sociales se coordinarán de manera más eficaz con los jueces para poder ofrecer soluciones habitacionales a los afectados.
La ley también garantizará que la alternativa habitacional que se busque para estas familias sea una vivienda como tal, y no un albergue, como ahora mismo está sucediendo en algunas comunidades autónomas.
La polémica con el CGPJ
El Consejo General del Poder Judicial emitió un informe desfavorable sobre esta Ley. Los jueves se posicionaron en contra del texto porque, según ellos, invadía competencias autonómicas.
En este sentido, el Gobierno ha expresado su «respeto absoluto» por el informe preceptivo, si bien ha recordado que no es vinculante, y ha hecho algunas consideraciones al respecto.
En primer lugar, señala que delimitar el campo de actuación del Estado en la materia en aras a conformar parques públicos de vivienda y fijar patrones para proporcionar casas dignas y asequibles a los colectivos económicos más vulnerables “no invade ninguna competencia autonómica”.
Asimismo, han asegurado que la nueva ley “reconoce la capacidad y ofrece instrumentos a las administraciones territoriales competentes para que aprueben y complementen las medidas que estimen necesarias para hacer efectivo el derecho básico a la vivienda”.
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